Acreditaciones: un asalto del mercado sobre la educación

Published on junio 29th, 2012

¿Qué son las acreditaciones?
Desde los noventa hasta la fecha, las acreditaciones de las carreras y la Ley de Educación Superior (LES) son temas que circulan incansablemente en la discusión en los pasillos y en los ámbitos de organización de las facultades. Creadas por mandato del Banco Mundial y de forma simultánea en América Latina (y con su posterior correlato en Europa a través del Proceso de Bolonia[1]), las acreditaciones son la declaración de validez o no de un título con su respectivo plan de estudios, a través de un proceso que consta de tres etapas (auto-evaluación, evaluación y acreditación), conducido por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU). Esta cuestión, que pareciera ser bastante inofensiva en abstracto, guarda en sí nefastas consecuencias para los planes de estudio y el financiamiento de las carreras.

Las consecuencias de acreditar
En nuestra facultad, la Comisión de Lucha contra la Mercantilización del Conocimiento se ha encargado de investigar y difundir las consecuencias de las acreditaciones: en primer lugar, el recorte de los planes de estudio de las cursadas de grado y el consecuente paso de contenidos a posgrados pagos. Por ejemplo, en Letras en la Universidad del Nordeste, el grueso de los contenidos de investigación fueron pasados a un posgrado pago, convirtiendo la carrera en un profesorado centrado en los aspectos más técnicos de la pedagogía, vaciando en los hechos incluso la carrera de profesorado; luego, la injerencia de empresas en la determinación de contenidos de los planes de estudio, como el famoso convenio UTN-Volkswagen, que a través de un acuerdo con el gobierno nacional y la inyección de parte de la empresa de 2,5 millones de dólares, creó las carreras de Tecnicatura e Ingeniería en Industria Automotriz, cuyos estudiantes tienen que hacer pasantías gratuitas en Volkswagen; y, por último, la injerencia de empresas en la orientación de las investigaciones, como en Farmacia, en donde los laboratorios compran las patentes de investigaciones. Todos estos cambios realizados por las acreditaciones apuntan a la profundización de la mercantilización del conocimiento y la educación, que en la práctica pasa a ser aún más explícitamente un servicio transable.

Las acreditaciones en Filo y la ANFHE
En Filo nos pusimos alerta a partir de la Resolución 50/2010 del Ministerio de Educación, que define que todos los profesorados del país son carreras de “Interés Público”, entrando en el marco del Artículo 43 de la LES, que establece que las carreras consideradas en dicha categoría tienen que ser acreditadas. Dentro de los profesorados, fueron definidos como prioridad los de Geografía, Historia y Letras, quedando a cargo de la ANFHE (Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación) la delineación de los criterios para su “autoevaluación” (primer paso de la acreditación). La ANFHE es una asociación de decanos de las facultades de humanidades y educación, que a partir del 2009 (como revelan sus propias actas) viene encargándose de la elaboración de estos criterios. La gestión de nuestra facultad participa de ella desde hace varios años, e incluso participó de la comisión de “Evaluación y Acreditación” sin que ésta decisión se consultara en ninguna instancia, ni siquiera en los antidemocráticos órganos de cogobierno.

¿Qué quiere la ANFHE para nuestras carreras?
El resultado de una de las instancias de trabajo de la ANFHE fue el esbozo de lineamientos generales para los planes de estudio de los profesorados, el cual mostraba que el área de formación pedagógica y práctica profesional equivaldrá a 400 horas reloj del plan de estudio, marcando un crecimiento brutal respecto a los actuales planes. De este modo, queda en evidencia no solo el rol primordial que el capitalismo asigna a las carreras humanísticas como reproductoras de un conocimiento que apunta en términos ideológicos a perpetuar el actual sistema, sino que también genera un negocio redondo para el Estado, que cuenta con mano de obra barata, obligada a trabajar precarizadamente para conseguir su título. Mientras más se agrandan los profesorados en términos de materias y prácticas, más se separan de la investigación: la ANFHE y las acreditaciones quieren a profesores reproductores, no a docentes críticos.

La posición de la gestión
Conforme se fue poniendo sobre el tapete este tema a través de la Asamblea del CEFyL y la Comisión contra la Mercantilización, la gestión de la facultad se vio obligada a dar explicaciones y a posicionarse en torno al tema. “No acreditaremos bajo esta ley” y sostener la participación en la ANFHE (como si fuese una simple reunión de decanos) fue la postura que la facultad fue afinando y repitiendo con el tiempo. Pero, ¿realmente qué quiere decir esto? La primera vez que la gestión de Trinchero se posicionó respecto al tema lo hizo a través de un proyecto de resolución del Consejo Directivo, que fue redactado en la Comisión de Formación Docente del mismo, a principios del año 2011. Este proyecto de resolución planteaba no acreditar bajo la actual LES, pero dejaba la puerta abierta a discutir las acreditaciones en el Consejo Directivo bajo el marco legal de futuras leyes. Complementando (o acaso justificando) estos planteos, el proyecto abría con casi una página de Considerandos que planteaban la adhesión, el apoyo, al “proceso abierto el 2003”.

Este guiño a un futuro proyecto de Ley de Educación Superior del oficialismo no puede hacer más que ponernos alerta, sobre todo a la luz de ciertas experiencias: las leyes de educación superior son la manifestación concreta de un proceso de profundización de la mercantilización del conocimiento a nivel global, digitado por el Banco Mundial; en este marco, en Chile en el 94 se iba a instalar un equivalente a la LES argentina, intento que fue resistido mediante la organización y la lucha del movimiento estudiantil. La inteligente respuesta del gobierno fue la de dividir la ley en 3 partes, que fueron aprobándose con distancia de un par de años entre sí. De este modo, la fracción particular que instalaba el sistema de acreditaciones fue aprobado en 2003; sin embargo, para ese entonces ya había avanzado (desde el año 94) todo el proceso de relevamiento de datos y preparación de la acreditación. Así, las acreditaciones avanzaron rápidamente.

Las reformas en Filo y los fondos PROHUM
Como dijimos, a la luz de ejemplos como el de Chile, la actitud de la gestión no hace otra cosa que hacernos sospechar. Y cómo no iba a ser así, si la gestión sigue sosteniendo lo positivo de participar de un espacio que desde el 2009 se dedica a preparar los lineamientos para el primer paso de las acreditaciones, si acepta los fondos PROHUM, que en sus propias bases establece el vínculo con el proceso de acreditación de los profesorados humanísticos. Además, estos mismos fondos PROHUM plantean en sus bases que uno de los componentes en los que tiene que utilizarse el dinero de estas partidas presupuestarias extraordinarias debe ser el relevamiento de datos de alumnos, graduados y docentes. La crítica que planteamos como Frente de Estudiantes Libertarios y que ha planteado desde el principio la Comisión contra la Mercantilización no tiene que ver con el marco exclusivo de esta ley, sino con todos los procesos que apunten a mercantilizar o a profundizar esta mercantilización del conocimiento y de la educación. En este sentido, la posición de la gestión resulta más evasiva que otra cosa.

La ANFHE, la nueva ley y la autonomía universitaria
En la anteúltima reunión de la ANFHE, varios decanos plantearon su posición sobre la discusión acerca de la autonomía universitaria. En los ‘90 sobretodo, una de las banderas que se alzaron para enfrentarse a la LES y a la acreditación ha sido la cuestión de la violación a la autonomía universitaria. Tal grado de importancia tuvo esta bandera, que el año 1996 la UBA ganó una demanda al Estado nacional por declarar inconstitucionales ciertos artículos de la LES que, se sostenía, violan la autonomía universitaria. A su vez, varios decanos de la ANFHE plantearon que esa autonomía no estaría siendo violada ahora que son los decanos de las facultades los que, sentados a puertas cerradas, están discutiendo la reforma a los planes de estudio. La ANFHE aparece, de este modo, como un simulador de autonomía universitaria, presta a calmar las inquietudes de sectores del estudiantado.

Pero, realmente, ¿qué hay con la autonomía universitaria? Pareciera que fuera éste el argumento central por el que no acreditar (y lo fue, de hecho, durante los ‘90), y en ese sentido el kirchnerismo prepara el terreno antes de que su ley se apruebe (lo cual, con el porcentaje que tienen en el congreso, podría pasar tranquilamente). Ya son varias las ocasiones en que la cuestión de la autonomía universitaria se ha puesto en discusión, y la posición de las agrupaciones kirchneristas ha sido la de despreciar la autonomía universitaria como un valor liberal abstracto, que tendería en los hechos a ser una defensa de la “universidad isla”; en su lugar, hablan de una “autonomía responsable”, que garantice cierta autonomía pero que, en lugar de generar una universidad isla, genere una universidad conectada y comprometida con la sociedad. Lindas palabras, sin duda, pero ignorantes en cuanto a lo que la realidad misma nos dice. En diversos artículos del anteproyecto kirchnerista (que hizo la diputada Adriana Puiggrós, egresada de nuestra facultad) se habla de la relación de la universidad con el “sistema productivo” (en esas palabras). No han necesitado, sin embargo, ninguna ley nueva para vincular la universidad con el sistema productivo, representado en la realidad por empresas privadas que invierten en la universidad para sacar provecho de sus investigaciones y egresados. A los ejemplos que dimos antes se suman otros: la facultad de Agronomía sostiene convenios de investigación con varias empresas privadas (entre ellas, Monsanto, Syngenta y Nitragin Argentina), entre los cuales destaca un convenio que apunta a desarrollar un programa de becas para posgrado entre la facultad y Monsanto. Por otro lado está el caso de Arcor, Intel y otras empresas en la Universidad Nacional de Córdoba, que invierten en investigaciones. No importa desde dónde se esté hablando, decir “sistema productivo” ha significado, y no parece que vaya a cambiar este aspecto, “empresas privadas”.

Al mismo tiempo, el anteproyecto contempla algo ya aprobado por la UBA que se comenzará a aplicar el 2013: el voluntariado como requisito para graduarse. He aquí otra concepción mercantilista disfrazada de progresista, la de la “deuda” de los egresados con la sociedad. Admitir que existe una deuda con la sociedad implica admitir que los profesionales en la Argentina no trabajan para la Argentina, y que haría falta otro tipo de trabajo (gratuito, por cierto) para suplir dicha deuda. Que la universidad no produce para el bienestar de la sociedad y de la clase trabajadora no es ninguna novedad, en todo caso. En nuestra opinión, la necesaria vinculación de la universidad con la sociedad tiene que darse sobre la base de la puesta al servicio de la universidad a los intereses de los trabajadores y los oprimidos, solo posible a través de la democratización de la universidad y sus espacios de cogobierno; por el contrario, según la concepción del gobierno nacional, esta vinculación se da a través de trabajos voluntarios que conciben al universitario y a la universidad como algo externo que va a prestar un servicio a un barrio o a una comunidad, o que lo hace en función de cumplir para graduarse o para pagar una “deuda”. Es aquella también una relación mercantilizada, mediada por la concepción de una universidad que presta servicios a una sociedad, y no que tiene una relación orgánica.

En base a lo dicho, la “autonomía responsable” que se alza en contraposición a la “universidad isla” nos parece, por lo bajo, un acto de cinismo. Más bien parece ser que desde el oficialismo se busca instalar la discusión acerca de la autonomía para desbaratar un argumento en pos de avanzar con el proceso de acreditaciones en un futuro cercano (y ni hablar del presente, ya que la carreras se vienen acreditando con las nefastas consecuencias que conocemos incluso desde 2003 hasta la fecha), esta vez bajo un discurso distinto, pero siendo en el fondo lo mismo. Este discurso aparece como un correlato a nivel local del discurso de la CEPAL y la UNESCO en su documento “Metas Educativas 2021”, y vuelve a aparecer tanto en los medios de comunicación (a través de artículos y columnas) como en el discurso del oficialismo y en el cambio de dirección de la Secretaría de Políticas Universitarias (antes a cargo de Dibbern, radical y ex-presidente de la CoNEAU, hoy a cargo de Gill, quien repite el discurso de la relación universidad-sistema productivo). En efecto, el anteproyecto Puiggrós preserva el proceso de acreditación de una forma casi idéntica, salvo que desdobla los organismos acreditadores en uno que elabora las política y otro que las ejecuta. Lo que es la política de recursos propios (responsable, en parte, de la aceptación de fondos de La Alumbrera en nuestra facultad, y de que la mayor parte de las becas salga del dinero que la facultad recauda a través del laboratorio de idiomas) y el criterio meritocrático de recepción de becas es un calco de la actual LES. No consideramos a la autonomía universitaria como un valor universal defendible a toda costa: lo consideramos como la respuesta natural en defensa de la educación pública ante una arremetida operada, a partir de los ‘90, desde el Estado y las empresas. La autonomía que el movimiento estudiantil ha levantado como estandarte debe ser pensaba en ese sentido, entendiéndose desde la realidad concreta y con la complejidad que implica esto. Esto se vuelve particularmente importante a la luz de hechos recientes, como que el rectorado de la UBA esgrima a la autonomía universitaria como justificativo para no aplicar la ley 26.508 y cesantear a cientos de docentes, cuestión completamente repudiable.

Respuestas, desafíos y apuestas
El camino recorrido por el movimiento estudiantil en torno al tema de las acreditaciones y la mercantilización de la educación nos lleva necesariamente a pensar en ejes que surgen a partir de esa discusión. En primer lugar, queda en claro que, si bien las luchas locales han sido efectivas para frenar los avances particulares de los procesos de acreditación, será necesaria una lucha unitaria y a nivel nacional para combatir el proceso de las acreditaciones como tal. Sin embargo, y en segundo lugar, se abren ejes conducentes a adoptar una lectura más profunda y compleja de la realidad universitaria y educacional, debates que tienen que ver sobre todo con el rol de la educación, el rol del conocimiento y el rol de los intelectuales y profesionales. En este sentido, no se trata de una Ley o de una acreditación que mercantiliza el conocimiento y la educación, sino que es un sistema completo (el capitalista) el que tiende a concebir todo como una mercancía y a sacar el máximo provecho posible. Lo que hace la Ley de Educación Superior y las acreditacion es, en todo caso, profundizar de forma explícita este proceso de mercantilización. Entendemos que la educación en el sistema capitalista juega un rol particular, y que, en ese entramado, la educación superior cumple también un papel particular: el de reproducir la acumulación capitalista, por un lado, y el de legitimar esta lógica y todo lo que implica, por el otro. En ese sentido, la verdadera solución al problema de la mercantilización no vendrá de la mano únicamente de frenar las acreditaciones o de cambiar una ley, sino que será posible cabalmente bajo el marco de una sociedad diferente y bajo una concepción de la educación diferente.

Por otro lado, entendemos también que, como parte de la sociedad en la que vivimos, la universidad está atravesada también, con sus particularidades, por las contradicciones de clase. Entender esto es entender a la universidad no como un lugar homogéneo política e ideológicamente, sino como un lugar sometido a una disputa constante. Entender esto, y entender la lógica de esta disputa y a sus actores, es una cuestión fundamental para lograr incidir en la realidad concreta en la que nos toca vivir. De este modo, todos los debates que se abren con el tema de las acreditaciones (y que es sumamente necesario abordar como estudiantes y en conjunto con el resto de los actores de la comunidad académica) es necesario darlos con altura y entendiendo que son parte de la disputa por la orientación de la universidad y del conocimiento que en ella producimos colectivamente.

Si bien esta disputa tiene un límite claro, marcado por los márgenes del propio sistema capitalista, darla cumple una función central: por un lado, la de mejorar concretamente las condiciones materiales de quienes transitamos por el ámbito educativo, así como la de conquistar las condiciones para que cada vez más sectores de la clase trabajadora puedan incidir en la construcción de conocimiento que se da en la universidad, apuntando hacia la producción de un conocimiento puesto a disposición de la clase (lucha reivindicativa); por el otro, entablar esta disputa, asumiéndola como algo colectivo, nos hará avanzar en el camino de la creación del poder estudiantil, entendiendo este como la capacidad del movimiento estudiantil de disputar un proyecto educativo y su orientación (lucha política). En este sentido, el poder estudiantil viene a ser parte constitutiva y adquiere sentido solo en función de la construcción de poder obrero y popular como norte estratégico, es decir, la capacidad del pueblo trabajador de disputar la conducción de la sociedad, de disputarle a la clase burguesa la hegemonía de un proyecto de sociedad particular. Este largo y duro camino, el de la creación del poder estudiantil y del poder obrero, se dará sobre la base del empoderamiento material y simbólico de los estudiantes, docentes y no-docentes, y sobre la base del trabajo conjunto, de la perspectiva no solo en el corto sino también en el mediano y largo plazo, de la construcción de un gremio sólido y que esté a la altura de las circunstancias, y de la acumulación política de nuestras experiencias de lucha y construcción. Desde el Frente de Estudiantes Libertarios planteamos estos ejes como base para una disputa real frente al avance del mercado sobre la educación pública, solo posible a través de la lucha unitaria y de la proyección de las luchas.

¡Luchar para estudiar, estudiar para luchar!
¡Venceremos!

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Notas

[1] Proceso iniciado el año 1999 que busca facilitar el intercambio de titulados, adaptar el contenido de los planes de estudio a las “demandas sociales” y apuntando hacia una estandarización del aprendizaje a través de la acumulación de créditos. De este modo, se busca estandarizar los planes de estudio y los títulos a nivel Europa, algo similar a lo que actualmente se busca en Latinoamérica a través del MERCOSUR. Para más información, ver http://www.queesbolonia.es/

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